Por Enrique Villanueva Cañadas Catedrático Emérito de la UGR. Académico de la Real de Medicina de Andalucía Oriental
No temo equivocarme si afirmo que las dos palabras más usadas en el lenguaje político son, democracia y herramienta, a veces van indisolublemente ligadas a costa de construir constantes anacolutos. Ninguno de los dos vocablos se suele usar con rigor semántico. Un político, en una breve alocución los usará más de una vez. A título de ejemplo, se habla de la peste porcina y el político de turno, zanjará la cuestión con esta frase lapidaria: la mejor herramienta para resolver este problema es sin duda la democracia. Un político de podemos, partido de extrema izquierda, que alberga en su seno al partido comunista, no tiene ningún empacho en tildar a VOX, de antidemocrático y viceversa. ¿qué es la democracia para un partido, en el que uno de sus dirigentes, con licencia para repartir carnet de demócrata, dice: el triunfo de la revolución soviética es el faro de referencia? Creo que todos deberíamos estar de acuerdo en que un ingrediente esencial de la democracia es el debate, las leyes deben ser discutidas, amplia y sosegadamente.
En el parlamento reside la soberanía popular, pero esta no se agota con votaciones forzadas, retorciendo la ley hasta hacerla gemir de dolor democrático. Que una ley sea legal, no quiere decir que sea legítima. Digo esto porque en los últimos días estamos viendo como se aprueban dos leyes de un hondo calado social, como es la vida y la educación, sin cumplir estos mínimos requisitos, de estar precedidas de un debate social y contar con los avales, que el propio estado de derecho se ha impuesto: el Dictamen del Consejo de Estado, y según la materia, los consejos ad hoc: El Consejo Escolar, en materia de Educación y el Comité Nacional de Bioética, en las leyes que afectan a esta materia, en la que sin duda esta la vida y por ende, la Eutanasia. Parecería oportuno agrandar la legitimidad democrática, dándole audiencia, en sede parlamentaria, a las representaciones profesionales (Colegios profesionales) e Instituciones, tales como las Reales Academias y por supuesto a los expertos, ahora que hemos descubierto, que tanto abundan en este país. Como ya habrán supuesto, me refiero a la LOMLOE, ley Celaá y a la proposición de ley de Eutanasia, ambas en trámite en el Congreso de los Diputados. Ninguna de las dos ha gozado de estas cautelas, que se me antojan necesarias para etiquetarlas, legales sí, pero no plenamente democráticas.
La razón de la Democracia en Platón, es quitar el poder al rey para dárselo a los ciudadanos. Darle el poder a los ciudadanos no es hurtarle la posibilidad de su participación en la política y reducirla a votar cada cuatro año . A la ley Celaá se le ha impreso una celeridad en su tramitación impropia de una ley de esta envergadura. Ya se quiso aprobar en la última legislatura y ahora ha entrado en taquicardia paroxística, ritmo que seguramente la llevará a la sepultura, como las siete leyes educativas que la precedieron. Que yo sepa, ahora, no ha pasado por el Consejo Escolar, ni por el Consejo de Estado, ni se le ha dado audiencia parlamentaria a los distintos sectores de la educación y a algunos organismo, que en materia de legua, tendría algo que decir, como es la Real Academia de la Lengua. Personas más legitimadas que yo, ya han opinado sobre el trato que se le quiere dar al castellano, la lengua oficial del Estado, a la enseñanza concertada y a la educación especial, en la disposición adicional 4.
El caso de la proposición de la Ley de regulación de la Eutanasia (31/1/2020) es aún peor. Se ha tramitado por este procedimiento y no como proyecto de ley . No es una propuesta del gobierno, es del partido socialista. ¿Por qué esta vía?. Evidentemente es legal, ¿ pero es lícito hurtarla al juicio del Consejo de Estado, del Comité Nacional de Bioéticas (CNB) y del Consejo Nacional de Colegios oficiales de Médicos? ¡ demasiadas sombras para una ley tan importante!. Técnicamente es un bodrio, que ha merecido la crítica del CNB y CNCOM. No oculto la dificultad que debe tener legislar sobre esta materia, cuando en el mundo sólo cinco países- BENELUX, Canadá y Colombia, lo han hecho, no confundir con leyes de auxilio al suicidio, que Suiza la tienen desde hace muchos años y otros países también. Digo que es difícil porque el objeto a regularno es fácil de definir, hasta 10 se podrían citar y de hecho, la ley, que entra a definir 10 concepto, no define sin embargo, el más importante: qué se entiende por eutanasia . Así que regulamos una cosa que no se sabe lo que es. No es el propósito de este articulo hacer una crítica de la ley, sino si merece el calificativo de democrática, aunque cuente con la mayoría absoluta, es una ley que se ha saltado todas las salvaguardas que el propio estado se impone, para que el espíritu de Montesquieu siga en pie. En la eutanasia, tal como yo la entiendo,( la prestación de ayuda para morir es otra cosa), «la muerte intencionada de otro, con su consentimiento», el hecho diferencial está en el sujeto activo, el que mata. Es la gran diferencia con el suicidio, en el que el sujeto activo es la propia persona. Pues bien, la proposición de ley hace recaer este «privilegio» sobre un médico. Es una ley medicalizada, pues un médico ha de autorizarla, un médico la revoca y finalmente un médico la ejecuta. Este médico, menos mal, se puede acoger a la objeción de conciencia. Ante una ley que pretende transformar la muerte deliberada de un semejante, en un acto médico, ¿ no deberían opinar los médicos?. Si la eutanasia se va a trasformar en un derecho incorporado a la cartera de servicio del sistema nacional de salud, ¿no deberían opinar los médicos? ¿se sabe cuántos médicos están dispuestos a aplicar la eutanasia?.¿ cuantos se acogerán a la objeción de conciencia?. Muchos lectores estarán pensando en la ignominia que sufrió Angel Hernández por ayudar a morir a su esposa, María José Carrasco, afectada de un ELA, desde hacía muchos años. Pues con esta ley tampoco lo habría podido hacer, salvo que Angel sea médico. Lo que se pretende regular ya está resuelto, sin necesidad de tener que instruir ningún procediendo tan complejo y absurdo. Para las personas que podrían ser beneficiarios de esta ley, enfermedades incurables, con dolores insoportables, que han llegado al límite del sufrimiento humano, la medicina ya tiene solución, los cuidados paliativos, que se aplican a diario en la intimidad de una auténtica relación médico paciente. Cosa distinta es que ninguna persona deba morir con dolor, con angustia y desasistida, pero estas deficiencias no se resolverán con la ley de eutanasia, sino con más medios y mas unidades de paliativos, hasta que sus cuidados alcancen al 100% de los que las precisen., cosa que hoy no ocurre.
El único derecho concernido en esta ardua cuestión es el respeto al principio de autonomía del paciente. Aquí reside la dignidad de la vida y de la muerte de las personas. Es el que nos permite elegir, la calidad de vida con la que deseamos vivir y el dolor y sufrimiento que deseamos soportar. La autonomía es un derecho individual, nunca será un derecho socializable y por tanto no cabe una solución democrática para resolver el problema más trascendente del ser humano: su muerte. Existe, sí, un derecho a morir, que se concreta en no interferir la evolución natural de la enfermedad con medios extraordinarios e inútiles. Hace muchos años ya, que el papa Pio XII se pronunció sobre lo ilícito, por inhumano, que era prolongar artificialmente la agonía de un paciente. Proseguir obstinadamente el esfuerzo terapéutico es contrario a la deontología y a las buenas prácticas clínicas, a sensu contrario el no proporcionar a los paciente todo el soporte terapéutico del que la medicina dispone hoy, para evitar el dolor y el sufrimiento, en el momento en que ya nada se puede hacer para revertir el proceso patológico, sería ir contra la lex artis y sancionable deontológica y legalmente.
