Según informo el New York Times Hace unos días, la revista Semana mostró copias de los archivos hallados en una operación de registro a militares de inteligencia que, contrariando la ley, venían recopilando información sobre movimientos y fuentes noticiosas de reporteros de The New York Times, The Wall Street Journal, NPR y una prominente fotógrafa que fue a hacer un reportaje para National Geographic a ese país.

El informe forense que realizó la Procuraduría General de Colombia de la operación de registro afirma que en el escritorio de un sargento de inteligencia encontraron —bajo las denominaciones “Caso especial” y “Trabajo especial”— fotografías y reportes sobre contactos, lugares de residencia, actividad en redes sociales y desplazamientos de periodistas estadounidenses y de decenas de reporteros colombianos, incluyéndome. Además, en los archivos hay información sobre defensores de derechos humanos, políticos de la oposición y militares.

Ante la publicación de una noticia en periódico Senxura de Colombia un alcalde de la capital de la provincia de Boyacá al centro del país Alejandro Funeme realizo una llamada al director del medio Daniel Mejía Lozano periodista colombiano quien tiene seguridad del Estado desde el año 2014, el periodista fue  intimidado verbalmente a raíz de una publicación realizada en su periódico, la llamada se efectuó según informo la FLIP (Fundación para la libertad de prensa) el día lunes  25 de mayo a las 10 de la noche.

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) es una organización no gubernamental que defiende la libertad de expresión y promueve un clima óptimo para que quienes ejercen el periodismo puedan satisfacer el derecho de quienes viven en Colombia a estar informados.

Frente al caso del periodista Daniel Mejía Lozano, mediante un documento se pronunció haciendo un llamado de atención al alcalde: ”En este sentido, se quisiera llamar la atención sobre la comunicación telefónica que sostuvo con el periodista Daniel Mejía Lozano, pues la misma causa un efecto adverso a los debates de control social que el periodismo plantea y que son aún más necesarios en la coyuntura actual. Esto además puede tener un efecto negativo e inhibidor frente a la prensa. Estas conductas no garantizan un ejercicio libre e independiente de la prensa y perjudica a la ciudadanía que se ve desprovista de información oportuna y veraz».

La denuncia de Mejía Lozano fue del manejo de recursos públicos para publicidad sin transparencia y la indagación que la procuraduría hacia al respecto. Hoy el Periodista hace un llamado a la UNP Unidad Nacional de Protección para que refuerce su seguridad, teniendo en cuenta que tiene en la actualidad un chaleco antibalas y un botón de pánico y desde hace meses ante numerosos incidentes de intimidación ha solicitado un estudio de seguridad sin tener respuesta alguna, más que evasivas donde siempre el organismo de seguridad del Estado justifica que la norma no exige dicho estudio. Según el periodista Daniel Mejía Lozano el desmonte de su seguridad obedece a una represaría del ex Gobernador de Boyacá Carlo Amaya quien en reuniones sociales con Luis Ernesto Gómez y el antiguo director de la UNP solicito al organismo quitar la seguridad al periodista `para frenar las denuncias públicas que su periódico hacia a su gobierno.

Así las cosas, la seguridad del periodista hoy depende del Gobierno de Colombia. La FLIP en su informe del año 2019 manifestó que el número de funerales de periodistas  pudo haber sido mayor si quince periodistas amenazados no hubieran huido de sus ciudades, algunos del país.

Las intimidaciones a periodistas se han multiplicado desde la firma de los acuerdos de paz. Durante los últimos tres años (2017 al 2019) fueron amenazados 583 periodistas en Colombia. En el trienio anterior (2014 al 2016) esa cifra fue de 257. Las disputas entre nuevos grupos armados han marcado zonas vedadas para la prensa: Caloto, Corinto y Miranda en el Cauca; Llorente y la zona fronteriza con Ecuador en el Pacífico; y varios puntos que empiezan en Arauquita y terminan en Puerto Asís, en Putumayo. Una serie de coordenadas que dibujan los puntos ciegos del país.