Aspectos legales frente al derribo de cruces cristianas en municipios de España

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1.- Consideraciones históricas del problema

En los últimos meses estamos viviendo un acelerado proceso de derribo de cruces en distintos municipios de España. Dichas cruces, en muchos casos, son homenajes a personas asesinadas y torturadas por el Frente Popular durante la Guerra Civil por motivos religiosos, tal y como cuentan distintas fuentes bibliográficas, entre otros trabajos, los siguientes: Holocausto Católico. Los Mártires De La Guerra Civil (Historia del siglo XX), de Santiago Mata; Montero Moreno, Antonio, Historia de la persecución religiosa en España. 1936-1939. Biblioteca de Autores Cristianos, Madrid, 1961, 1999, o Los crímenes de la Guerra Civil y otras polémicas, de Pio Moa.

2.- La inexistencia de argumentos históricos ni legales que amparen el derribo de cruces

La supuesta legitimidad de tales derribos pretenden ampararla en motivos históricos y legales. El motivo histórico es que supuestamente es un homenaje a los caídos en el bando “fascista” de la Guerra Civil, algo que consideran una ofensa frente a los que supuestamente formaban parte del bando del Frente Popular y que encarnaba a los “demócratas” con los que ellos se identifican. Sin embargo, la realidad es que las víctimas que homenajean tales cruces era civiles, sacerdotes o simplemente personas que iban a misa o rezaban el rosario, que no sólo fueron asesinados, sino que buena parte de ellos fueron también torturados.  

Respecto al motivo legal, la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, también llamada de “memoria histórica”, asume la tesis de que la guerra civil enfrentó a un bando democrático frente a un bando fascista y antidemocrático que supuestamente habría dado un golpe de estado frente a una democracia idílica como supuestamente seria la Segunda República. Y con esa base, apoyada por buena parte de la historiografía entre la que se encuentra Angel Viñas o Santos Juliá, declaran a todos aquellos que defendían ideas comunistas tanto durante la Guerra Civil como durante el Franquismo, habrían sido “víctimas” en la defensa de sus ideas supuestamente democráticas y por ello merecen ser debidamente compensados, incluyendo entre tales “víctimas” a grupos terroristas que cometieron asesinatos durante el Franquismo.

No obstante, a pesar del trasfondo histórico expuesto de la Ley 52/2007, la realidad es que ampara a aquellas personas víctimas de persecución por motivos religiosos, que fue el caso de los cristianos durante la II República (época caótica y violencia que no regula esta Ley) y durante la Guerra Civil:

Artículo 1. Objeto de la Ley. 1. La presente Ley tiene por objeto reconocer y ampliar derechos a favor de quienes padecieron persecución o violencia, por razones políticas, ideológicas, o de creencia religiosa, durante la Guerra Civil y la Dictadura, promover su reparación moral y la recuperación de su memoria personal y familiar, y adoptar medidas complementarias destinadas a suprimir elementos de división entre los ciudadanos, todo ello con el fin de fomentar la cohesión y solidaridad entre las diversas generaciones de españoles en torno a los principios, valores y libertades constitucionales.

La tesis de que los partidarios del Frente Popular defendiesen la democracia y no la violencia y el comunista, se deduce del artículo 3.3 de esta Ley que establece:

Igualmente, se declaran ilegítimas, por vicios de forma y fondo, las condenas y sanciones dictadas por motivos políticos, ideológicos o de creencia por cualesquiera tribunales u órganos penales o administrativos durante la Dictadura contra quienes defendieron la legalidad institucional anterior, pretendieron el restablecimiento de un régimen democrático en España o intentaron vivir conforme a opciones amparadas por derechos y libertades hoy reconocidos por la Constitución.

La realidad es que ninguno de los bandos defendían ni un régimen democrático ni los derechos y libertades reconocidos en la constitución. Además, los consejos de guerra lo que juzgaron fundamentalmente no era tanto las ideas sino sus crímenes, sin perjuicio de que muchos inocentes cayeron en uno y otro bando tanto en juicios sumarísimos como en represalias.

El artículo 15 de la Ley 52/2007, no obstante, es en el que supuestamente ampararían estos actos de verdadero vandalismo frente a las cruces que simbolizan el sentimiento religioso cristiano de la mayor parte de los españoles:

Artículo 15. Símbolos y monumentos públicos.

1. Las Administraciones públicas, en el ejercicio de sus competencias, tomarán las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura. Entre estas medidas podrá incluirse la retirada de subvenciones o ayudas públicas. 2. Lo previsto en el apartado anterior no será de aplicación cuando las menciones sean de estricto recuerdo privado, sin exaltación de los enfrentados, o cuando concurran razones artísticas, arquitectónicas o artístico-religiosas protegidas por la ley.

El argumento que sostienen quienes llevan a cabo estos actos es que supuestamente la cruz sería un símbolo de “exaltación de la sublevación militar, de la guerra civil y de la dictadura”, cuando en realidad les es de aplicación el apartado segundo del artículo 15 al mencionarse al estricto recuerdo privado de religiosos asesinados, sin exaltación de los enfrentados porque además normalmente no tienen ningún tipo de simbología, y ademas, concurren la otra causa de exclusión de razones artístico religiosos protegidas por la normativa de patrimonio histórico.

3.- La existencia de infracción urbanística y la posibilidad de restablecer las cruces demolidas por la vía administrativa

El derribo de una cruz en un espacio público requiere de un acuerdo municipal y unos trámites administrativos mínimos, y el más claro es un trámite similar al de la licencia urbanística, en el cual deben emitirse informe técnico, jurídico y al tratarse de un bien de interés artístico, un informe de carácter cultural, bien de la delegación municipal correspondiente o en su caso de la Consejería de Cultura autonómica, dependiendo del grado de protección, y todo ello además de como se expondrá, una necesaria motivación jurídica y fáctica del acuerdo así como una motivación económica respecto al gasto, sin que la justificación legal pueda en ningún caso ser la Ley de Memoria Histórica por lo ya expuesto, dado que no ampara un acto tan arbitrario.

En Andalucía, por ejemplo, establece el artículo 169.4 de la Ley Urbanística de Andalucía lo siguiente: 

A los efectos de esta Ley, cuando los actos de construcción o edificación, instalación y uso del suelo sean promovidos por los Ayuntamientos en su propio término municipal, el acuerdo municipal que los autorice o apruebe estará sujeto a los mismos requisitos y producirá los mismos efectos que la licencia urbanística, sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación de régimen local.

En el resto de autonomías existen preceptos similares en sus correspondientes normas urbanísticas, dado que en ningún caso puede el Ayuntamiento llevar un acto de demolición en una plaza pública, con las complicaciones técnicas y jurídicas que implicas sin un trámite similar al de. una licencia urbanística.

Como quienes promueven estos actos prefieren evitar pronunciamientos técnicos y jurídicos, normalmente los están llevando a cabo sin el trámite de una licencia, por lo que constituye una vía de hecho impugnable en vía judicial y constituye una infracción urbanística demás muy grave porque afecta a espacios libres y en Andalucía, según el artículo 207 y 208 de la Ley Urbanística de Andalucía, las multas oscilan entre los 6.000 a 120.000 €. 

Por tanto, tanto el responsable público, alcalde o alcaldesa que lleve a cabo esta actuación sin licencia de demolición de una cruz en un espacio público, así como la empresa que ejecute la obra ilícita, podrán enfrentarse a estas sanciones, al ser ambos personas responsables, conforme a lo establecido en el artículo 193 de la Ley Urbanística de Andalucía, debiendo tramitar el expediente el propio ayuntamiento con apercibimiento de la tramitación por la Comunidad Autónoma de conformidad con lo establecido en el artículo 60 de la Ley de Bases del Régimen local, que establece lo siguiente:

Cuando una entidad local incumpliera las obligaciones impuestas directamente por la Ley de forma que tal incumplimiento afectará al ejercicio de competencias de la Administración del Estado o de la Comunidad Autónoma, y cuya cobertura económica estuviere legalmente o presupuestariamente garantizada, una u otra, según su respectivo ámbito competencial, deberá recordarle su cumplimiento concediendo al efecto el plazo que fuere necesario. Si, transcurrido dicho plazo, nunca inferior a un mes, el incumplimiento persistiera, se procederá a adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento de la obligación a costa y en sustitución de la entidad local.

Es por ese motivo de posibilidad de ejecución subsidiaria por lo que el escrito de denuncia de esta infracción urbanística debe presentarse ante el Ayuntamiento y ante la Delegación Provincial de la Comunidad Autónoma en materia de urbanismo.

Así mismo, en el escrito al Ayuntamiento también se apercibirá al funcionario responsable de la posible comisión de un delito de prevaricación urbanística previsto en el artículo 320 del Código Penal, que establece:

Artículo 320

1. La autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, haya informado favorablemente instrumentos de planeamiento, proyectos de urbanización, parcelación, reparcelación, construcción o edificación o la concesión de licencias contrarias a las normas de ordenación territorial o urbanística vigentes, o que con motivo de inspecciones haya silenciado la infracción de dichas normas o que haya omitido la realización de inspecciones de carácter obligatorio será castigado con la pena establecida en el artículo 404 de este Código y, además, con la de prisión de un año y seis meses a cuatro años y la de multa de doce a veinticuatro meses. 2. Con las mismas penas se castigará a la autoridad o funcionario público que por sí mismo o como miembro de un organismo colegiado haya resuelto o votado a favor de la aprobación de los instrumentos de planeamiento, los proyectos de urbanización, parcelación, reparcelación, construcción o edificación o la concesión de las licencias a que se refiere el apartado anterior, a sabiendas de su injusticia.

Es decir, el funcionario que se niegue a tramitar un procedimiento sancionador, aunque sea contra su alcalde, se podría enfrentar a estas penas por la posible comisión de un delito de prevaricación urbanística.

Junto a la infracción urbanística está la necesidad de restablecimiento del orden jurídico perturbado, es decir, la reposición de la cruz a su estado original así como en su caso la indemnización de los daños ocasionados.

Tal restablecimiento, al tratarse de una actuación no legalizable con se ha expuesto al no tener ningún fundamento legal, es una consecuencia del artículo 182 y siguientes de la Ley Urbanística de Andalucía (y los equivalentes en el resto de leyes urbanísticas de España), que requerirá el tramite correspondiente, así como del artículo 28.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, que establece lo siguiente:

Las responsabilidades administrativas que se deriven de la comisión de una infracción serán compatibles con la exigencia al infractor de la reposición de la situación alterada por el mismo a su estado originario, así como con la indemnización por los daños y perjuicios causados, que será determinada y exigida por el órgano al que corresponda el ejercicio de la potestad sancionadora. De no satisfacerse la indemnización en el plazo que al efecto se determine en función de su cuantía, se procederá en la forma prevista en el artículo 101 de la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Finalmente, la legitimidad para el ejercicio de esta acción está en la acción pública en materia de urbanismo prevista en el artículo 62 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, que establece lo siguiente:

1. Será pública la acción para exigir ante los órganos administrativos y los Tribunales Contencioso-Administrativos la observancia de la legislación y demás instrumentos de ordenación territorial y urbanística. 2. Si dicha acción está motivada por la ejecución de obras que se consideren ilegales, podrá ejercitarse durante la ejecución de las mismas y hasta el transcurso de los plazos establecidos para la adopción de las medidas de protección de la legalidad urbanística.

4.- Las consecuencias penales de la demolición arbitraria de cruces de los espacios públicos

4.1.- Consideraciones generales 

Desde la perspectiva penal, la conducta de demolición arbitraria de una cruz que es un símbolo religioso de los cristianos, que es la religión mayoritaria en España, tiene abundantes posibles consecuencias penales:

4.2. La posible comisión de un delito de odio contra los cristianos 

Ante la inexistencia de una justificación o motivación jurídica de estos actos que dañan los sentimientos religiosos y teniendo en cuenta los antecedentes históricos con los que se identifican quienes los promueven, la actuación podría encajar en el delito de odio previsto en el artículo 510 del Código Penal.

Establece el artículo 510 del Código Penal, lo siguiente:

1. Serán castigados con una pena de prisión de uno a cuatro años y multa de seis a doce meses: a) Quienes públicamente fomenten, promuevan o inciten directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra un grupo, una parte del mismo o contra una persona determinada por razón de su pertenencia a aquél, por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, religión o creencias, situación familiar, la pertenencia de sus miembros a una etnia, raza o nación, su origen nacional, su sexo, orientación o identidad sexual, por razones de género, enfermedad o discapacidad. (…) c) Públicamente nieguen, trivialicen gravemente o enaltezcan los delitos de genocidio, de lesa humanidad o contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado, o enaltezcan a sus autores, cuando se hubieran cometido contra un grupo o una parte del mismo, o contra una persona determinada por razón de su pertenencia al mismo, por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, religión o creencias, la situación familiar o la pertenencia de sus miembros a una etnia, raza o nación, su origen nacional, su sexo, orientación o identidad sexual, por razones de género, enfermedad o discapacidad, cuando de este modo se promueva o favorezca un clima de violencia, hostilidad, odio o discriminación contra los mismos.

2. Serán castigados con la pena de prisión de seis meses a dos años y multa de seis a doce meses: a) Quienes lesionen la dignidad de las personas mediante acciones que entrañen humillación, menosprecio o descrédito de alguno de los grupos a que se refiere el apartado anterior, o de una parte de los mismos, o de cualquier persona determinada por razón de su pertenencia a ellos por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, religión o creencias, situación familiar, la pertenencia de sus miembros a una etnia, raza o nación, su origen nacional, su sexo, orientación o identidad sexual, por razones de género, enfermedad o discapacidad, o produzcan, elaboren, posean con la finalidad de distribuir, faciliten a terceras personas el acceso, distribuyan, difundan o vendan escritos o cualquier otra clase de material o soportes que por su contenido sean idóneos para lesionar la dignidad de las personas por representar una grave humillación, menosprecio o descrédito de alguno de los grupos mencionados, de una parte de ellos, o de cualquier persona determinada por razón de su pertenencia a los mismos. b) Quienes enaltezcan o justifiquen por cualquier medio de expresión pública o de difusión los delitos que hubieran sido cometidos contra un grupo, una parte del mismo, o contra una persona determinada por razón de su pertenencia a aquél por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, religión o creencias, situación familiar, la pertenencia de sus miembros a una etnia, raza o nación, su origen nacional, su sexo, orientación o identidad sexual, por razones de género, enfermedad o discapacidad, o a quienes hayan participado en su ejecución. Los hechos serán castigados con una pena de uno a cuatro años de prisión y multa de seis a doce meses cuando de ese modo se promueva o favorezca un clima de violencia, hostilidad, odio o discriminación contra los mencionados grupos.

3. Las penas previstas en los apartados anteriores se impondrán en su mitad superior cuando los hechos se hubieran llevado a cabo a través de un medio de comunicación social, por medio de internet o mediante el uso de tecnologías de la información, de modo que, aquel se hiciera accesible a un elevado número de personas.

4. Cuando los hechos, a la vista de sus circunstancias, resulten idóneos para alterar la paz pública o crear un grave sentimiento de inseguridad o temor entre los integrantes del grupo, se impondrá la pena en su mitad superior, que podrá elevarse hasta la superior en grado.

5. En todos los casos, se impondrá además la pena de inhabilitación especial para profesión u oficio educativos, en el ámbito docente, deportivo y de tiempo libre, por un tiempo superior entre tres y diez años al de la duración de la pena de privación de libertad impuesta en su caso en la sentencia, atendiendo proporcionalmente a la gravedad del delito, el número de los cometidos y a las circunstancias que concurran en el delincuente.

6. El juez o tribunal acordará la destrucción, borrado o inutilización de los libros, archivos, documentos, artículos y cualquier clase de soporte objeto del delito a que se refieren los apartados anteriores o por medio de los cuales se hubiera cometido. Cuando el delito se hubiera cometido a través de tecnologías de la información y la comunicación, se acordará la retirada de los contenidos.

En los casos en los que, a través de un portal de acceso a internet o servicio de la sociedad de la información, se difundan exclusiva o preponderantemente los contenidos a que se refiere el apartado anterior, se ordenará el bloqueo del acceso o la interrupción de la prestación del mismo.

La destrucción de una cruz en una plaza pública sin duda es una acción que entraña una humillación y un menosprecio a un grupo de personas como son los cristianos, por lo que podría perfectamente encajar en este tipo penal.

Hay que tener en cuenta para la interpretación de este delito la Circular 7/2019, de 14 de mayo, de la Fiscalía General del Estado, sobre pautas para interpretar los delitos de odio tipificados en el artículo 510 del Código Penal, así como la jurisprudencia sobre el mismo.

Así, la STS n.º 259/2011, de 12 de abril, exige la concurrencia de «un peligro real para los bienes jurídicos protegidos», es decir, «no es preciso un peligro concreto, siendo suficiente el peligro abstracto, si bien puede entenderse que es suficiente el peligro potencial o hipotético a medio camino entre aquellos, según el cual lo que importa es la capacidad de la conducta para crear el peligro relevante». En el mismo sentido, la STS n.º 378/2017, de 25 de mayo, señala que «la sanción penal (…) supone una legítima injerencia en el ámbito de la libertad de expresión (…) en la medida en que pueda[n] ser considerada[s] como una manifestación del discurso del odio por propiciar o alentar, aunque sea de manera indirecta, una situación de riesgo para las personas o derechos de terceros o para el propio sistema de libertades». Y también la STS n.º 600/2017, de 25 julio, se refiere a este elemento para descartarlo en el caso concreto.

4.3. La posible comisión de prevaricación y un posible delito urbanístico

La demolición de un símbolo religioso, además de un posible delito de odio, también puede constituir un delito de prevaricación urbanística e incluso delito urbanístico.

Una actuación de este tipo requiere, en primer lugar, una motivación y justificación, dado que además de causar un daño al patrimonio público, conlleva  una ofensa a los cristianos y un gasto público. Además de esa justificación, deben seguirse los mismos trámites de una licencia urbanística, es decir, un informe técnico y un informe jurídico. Pero es que también requiere un informe económico en relación a si el Ayuntamiento tiene fondos para cumplir los fines de la actuación. También haría falta por su evidente interés artístico, un informe respecto al interés histórico de la cruz, a emitir por el Ayuntamiento y también por la Consejería de Cultura. Con todos estos informes y trámites, debería emitirse una resolución fundada para acordar la demolición de un elemento del espacio público así como el gasto necesario para ello. 

Los responsables públicos están actuando por la mera vía de los hechos pueden ser responsables de un delito de prevaricación previsto en el artículo 404 del Código Penal, que establece lo siguiente:

A la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo se le castigará con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de nueve a quince años.

Por resolución arbitraria hay que entender también una vía de hecho absolutamente arbitraria como en este caso.

Por otro lado el artículo 319 del Código Penal establece en su apartado primero:

Se impondrán las penas de prisión de un año y seis meses a cuatro años, multa de doce a veinticuatro meses, salvo que el beneficio obtenido por el delito fuese superior a la cantidad resultante en cuyo caso la multa será del tanto al triplo del montante de dicho beneficio, e inhabilitación especial para profesión u oficio por tiempo de uno a cuatro años, a los promotores, constructores o técnicos directores que lleven a cabo obras de urbanización, construcción o edificación no autorizables en suelos destinados a viales, zonas verdes, bienes de dominio público o lugares que tengan legal o administrativamente reconocido su valor paisajístico, ecológico, artístico, histórico o cultural, o por los mismos motivos hayan sido considerados de especial protección.

Requiere sin duda entender que una demolición de una cruz en una zona de vial pública y además vinculada a un bien de valor artístico como es un convento requiere una interpretación flexible de este precepto, que tampoco hay que descartar

4.4. La posible comisión de un delito de malversación de fondos públicos

Desde el momento que se usan fondos públicos que disminuyen el patrimonio municipal mediante un exceso en las facultades atribuidas a un alcalde, estamos ante un delito de malversación de fondos públicos. De ahí que el gasto de entre 500 a 3000 € que podrían incurrir los alcaldes que demuelen cruces podría constituir un delito de malversación de fondos públicos al no estar tal actuación amparada en ninguna norma ni tener ninguna justificación razonable.

Establece el artículo 432, 433 y 252 del Código Penal lo siguiente:

Artículo 432.

1. La autoridad o funcionario público que cometiere el delito del artículo 252 sobre el patrimonio público, será castigado con una pena de prisión de dos a seis años, inhabilitación especial para cargo o empleo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de seis a diez años. 2. Se impondrá la misma pena a la autoridad o funcionario público que cometiere el delito del artículo 253 sobre el patrimonio público. 3. Se impondrán las penas de prisión de cuatro a ocho años e inhabilitación absoluta por tiempo de diez a veinte años si en los hechos a que se refieren los dos números anteriores hubiere concurrido alguna de las circunstancias siguientes:

a) se hubiera causado un grave daño o entorpecimiento al servicio público, o

b) el valor del perjuicio causado o de los bienes o efectos apropiados excediere de 50.000 euros.

Si el valor del perjuicio causado o de los bienes o efectos apropiados excediere de 250.000 euros, se impondrá la pena en su mitad superior, pudiéndose llegar hasta la superior en grado.

Artículo 433.

Los hechos a que se refiere el artículo anterior serán castigados con una pena de prisión de uno a dos años y multa de tres meses y un día a doce meses, y en todo caso inhabilitación especial para cargo o empleo público y derecho de sufragio pasivo por tiempo de uno a cinco años, cuando el perjuicio causado o el valor de los bienes o valores apropiados sea inferior a 4.000 euros.

Artículo 252 CP

1. Serán punibles con las penas del artículo 249 o, en su caso, con las del artículo 250, los que teniendo facultades para administrar un patrimonio ajeno, emanadas de la ley, encomendadas por la autoridad o asumidas mediante un negocio jurídico, las infrinjan excediéndose en el ejercicio de las mismas y, de esa manera, causen un perjuicio al patrimonio administrado.

2. Si la cuantía del perjuicio patrimonial no excediere de 400 euros, se impondrá una pena de multa de uno a tres meses.

4.5. La posible comisión de un delito contra el patrimonio histórico

Dependiendo de si la cruz tenga o no una protección singular, podrían ser aplicables los artículos 321 a 323 dado que una cruz es un elemento de un valor histórico y etnográfico evidente en un municipio y para sus ciudadanos:

Artículo 321

Los que derriben o alteren gravemente edificios singularmente protegidos por su interés histórico, artístico, cultural o monumental serán castigados con las penas de prisión de seis meses a tres años, multa de doce a veinticuatro meses y, en todo caso, inhabilitación especial para profesión u oficio por tiempo de uno a cinco años. En cualquier caso, los Jueces o Tribunales, motivadamente, podrán ordenar, a cargo del autor del hecho, la reconstrucción o restauración de la obra, sin perjuicio de las indemnizaciones debidas a terceros de buena fe.

Artículo 322

1. La autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, haya informado favorablemente proyectos de derribo o alteración de edificios singularmente protegidos será castigado además de con la pena establecida en el artículo 404 de este Código con la de prisión de seis meses a dos años o la de multa de doce a veinticuatro meses.

2. Con las mismas penas se castigará a la autoridad o funcionario público que por sí mismo o como miembro de un organismo colegiado haya resuelto o votado a favor de su concesión a sabiendas de su injusticia.

Artículo 323

1. Será castigado con la pena de prisión de seis meses a tres años o multa de doce a veinticuatro meses el que cause daños en bienes de valor histórico, artístico, científico, cultural o monumental, o en yacimientos arqueológicos, terrestres o subacuáticos. Con la misma pena se castigarán los actos de expolio en estos últimos. 2. Si se hubieran causado daños de especial gravedad o que hubieran afectado a bienes cuyo valor histórico, artístico, científico, cultural o monumental fuera especialmente relevante, podrá imponerse la pena superior en grado a la señalada en el apartado anterior. 3. En todos estos casos, los jueces o tribunales podrán ordenar, a cargo del autor del daño, la adopción de medidas encaminadas a restaurar, en lo posible, el bien dañado.