Habiendo conocido algunos pormenores de la sentencia del 1-O que reputo de origen monclovita y a la espera del fallo oficial que presumiblemente conoceremos mañana, la infecta grey mediática capitaneada por el El Diario del Ibex otrora El País y sus adláteres, anda aventada.
Nada nos gustaría más que la admonición ayer lanzada por el incensado Marchena (hasta el rabo todo es toro vino a decir), visiblemente cabreado, albergara un friso de esperanza. Me temo que no. Mañana la soberanía nacional y la legalidad constitucional (pilares básicos sobre los que descansa la nación) recibirán un soplamocos de grueso calibre al socaire de una sentencia que nace viciada de origen acaso en sentido moral o teórico.
Ese no por nuevo, sí por novedoso engendro jurídico que son las sentencias por unanimidad -tan del gusto de los Tribunales Revolucionarios de la Rusia de Lenin o de la China maoísta- transgreden el elemental concepto de tribunal colegiado, ya no digamos el Supremo. ¿Por qué son colegiados si no existe el derecho a la contradicción, a la disensión, al voto particular? Para no dar pábulo a una eventual enmienda en Estrasburgo dicen. Barrunto que esa cancamusa hará que no pongamos el foco en lo fundamental, que es en puridad una componenda entre el abyecto corporativismo y la avidez de hacer carrera política que atesoran algunos de nuestros eruditos togados.
Los panegiristas del juez Marchena, de los que apostato, sostienen que ha intentado meter con vaselina y calzador la calificación de conspiración para la rebelión. Ni sedición ni rebelión, ni pa ti ni pa mí. Ahí es donde se aprecia si se quiere ver, el defecto sistémico, habida cuenta que es Presidente de la Sala y ponente de la sentencia: ¿va a rubricar a sabiendas una sentencia que sabe injusta por insuficiente?
Los que verdaderamente han estado a la altura de lo que se espera por su cargo e indeclinable lealtad al Estado y a la nación han sido los fiscales (especial mención merece el inicio de la alocución del fiscal Zaragoza en la jornada inaugural: “este es un jucio en defensa de la democracia española”); el abogado del Estado Edmundo Bal que abjuró por conciencia de mentir lanar y groseramente en su escrito de calificaciones provisionales y que le llevó al paro; y el juez Pablo Llarena, autor de una instrucción impecable y víctima al igual que su familia de vejaciones y conductas protonazis de los edecanes de la revolución de las sonrisas.
Así las cosas y de confirmarse el tenor de la sentencia conocida ya por todos, el auto agravio nacional será directamente proporcional a la sensación de impunidad de que gozarán los golpistas y los catanazis con el forajido de Waterloo saludando en primer paso de falange. El valiente sólo es valiente hasta que el cobarde deja de serlo.
Pienso que además de los culpables condenados, también se debería apartar de sus cargos a todos los funcionarios públicos que permitieron que se celebrase el referéndum con el dinero del contribuyente. Demasiado poco les pasa para lo que hacen, otros van a la cárcel por mucho menos que eso.