La justicia social es una expresión moderna que tiene su primer antecedente con Aristóteles. El discípulo de Platón define a la justicia como la virtud más necesaria para conservar el mundo; y en marco de este concepto, distingue la justicia distributiva basado en una proporción geométrica en la cual cada persona recibe una cantidad de bienes correspondiente a sus méritos: lo justo es la proporción y lo injusto es lo que va en contra de la proporción.

El término como tal fue utilizado por primera vez por el sacerdote italiano Luigi Taparelli D’Azeglio -considerado uno de los fundadores de la Doctrina Social de la Iglesia- en su obra Saggio teoretico di dritto naturale appoggiato sul fatto (1843). En el texto, el religioso defensor de la doctrina del derecho natural sostiene que la justicia social debe igualar de hecho a todos los hombres en lo tocante a los derechos de la humanidad. Esta idea aparece en el siglo XIX atada a la cuestión social: conflictos y manifestaciones obreras que cobraron importancia como consecuencia del surgimiento del capitalismo y la sociedad industrial.

En 1861 el filósofo y político inglés John Stuart Mill retoma y da respaldo y prestigio a este concepto. En su obra Utilitarismo, Mill dice que la sociedad debería tratar igualmente bien a los que se lo merecen; es decir, a los que se merecen absolutamente ser tratados igualmente. Considera que este es el más elevado estándar abstracto de justicia social y distributiva hacia el que todas las instituciones, así como los esfuerzos de todos los ciudadanos virtuosos, deberían convergir en el mayor grado posible. Este pensador liberal retomó, en parte, las ideas de Aristóteles.

Foto: Hernán Piñera (licencia CC BY-SA 2.0)

Un siglo después, el Concilio Vaticano Segundo (1962-1965) aporta un nuevo concepto de justicia social que quedó plasmado en la Encíclica Gaudium et Spes (alegría y esperanza). Según este documento existe justicia social cuando la sociedad posibilita que cada persona, asociación o pueblo, disponga de los medios necesarios según su naturaleza y condición, para poder desarrollarse plenamente; a esto se le denomina bien común (GS 26,1;74,1).

En nuestro país, la expresión justicia social es pronunciada por primera vez por el dirigente del partido socialista Alfredo Palacios, pero toma importancia en los años 40’ de la mano del presidente Juan Domingo Perón. El “general” transformó esta concepción en una de las banderas más importantes de su movimiento político, junto a la independencia económica y la soberanía política. Culpa de esto, todos los dirigentes justicialistas comenzaron a incluir esa expresión en sus discursos y debates, como si supieran exactamente de lo que están hablando. Casi como si uso fuera apropiado en todo momento y lugar.

Cortando un poco con la dulzura de los aristotélicos, católicos y peronistas, y marcando algunas diferencias con John Stuart Mill, aparece la figura del gran filósofo y economista austríaco Friedrich von Hayek. Este identificó y expuso los vicios de los conceptos de la llamada justicia social. En primer lugar, el premio Nobel de Economía señala que se han escrito libros y tratados completos sobre la justicia social sin haberla podido definir nunca, y que se permite que el concepto flote en el aire como si todo el mundo fuera a reconocerlo cuando aparezca un ejemplo. Por otro lado, cuestionaba a la mayoría de los autores por tomar esta idea para designar una virtud moral y, al mismo tiempo, adjudicarle un estado de cosas impersonal. Expresiones como “alto desempleo», «desigualdad de ingresos» o «carencia de un salario decente» se presentan como ejemplos de injusticia social. Hayek dice: «La justicia social es una virtud o no lo es. Si lo es, sólo puede adscribirse a los actos deliberados de personas individuales. La mayoría de los que usan el término, sin embargo, no lo adscriben a individuos sino a sistemas sociales. Utilizan “justicia social» para designar un principio regulador de orden. No están centrados en la virtud sino en el poder».

En otras palabras, esta noción supone -como expone Hayek- un sistema dirigido y ordenado por una mente única que tiene su fin natural en una economía dirigida y que busca colectivizar al individuo, desligándolo de sus responsabilidades, culpando de todo al “sistema”.

Si seguimos con los lineamientos propuestos por este referente de la Escuela Austríaca y los adaptamos a una época como esta, marcada por los “mitos” de la posverdad, podemos entender por qué desde una cátedra de educación superior se le propone a un grupo de alumnos de primer año entrelazar dos conceptos como el canon literario y la justicia social que, desde la humilde perspectiva de quien escribe, no tienen ningún punto de encuentro ni relación. Hayek diría que estamos observando injusticias sociales en todos lados, incluso donde no las hay. Asimismo, este académico podría plantear la idea de que se busca encontrar una nueva injusticia social solo para intentar regularla o darle un orden a un nuevo punto de vista.

Y del canon literario, ¿qué podemos decir? Se trata de un conjunto de obras clásicas que forman parte de la alta cultura y que son utilizadas como modelo, ya sea por su calidad, originalidad o porque siguen vigentes.

Si pretendemos ser exigentes, podemos quedarnos con eso. Pero si queremos ir por el camino de la corrección política, podemos utilizar algunos de los tantos productos culturales del espectro para analizar los distintos factores que influyen en el docente a la hora de elegir un canon literario dentro de un curso de Lengua. El ejemplo perfecto para esta ocasión lo podemos encontrar en la película Escritores de la libertad (2006) del director Richard LaGravenese, cuando la joven maestra Erin Gruwell (Hilary Swank) se encuentra frente a un curso de alumnos incluidos y se ve “obligada por el contexto” a cambiar La odisea de Homero por El diario de Ana Frank. Los estudiantes lograron sentir empatía con los personajes de la obra y eso produjo un giro copernicano en la historia.

Este modesto estudiante seguirá negándose a la idea de que agregar o excluir una obra del canon, en el seno de un aula, sea considerado un hecho político o algo peor: una injusticia social. Es hora de sacar la política del aula y aspirar a la objetividad pedagógica.

David Pérez Anaine – Periodista UMaza.

*Este artículo es la respuesta a la consigna de un trabajo práctico pedido a los alumnos de primer año de la carrera de profesorado de Lengua y Literatura del Instituto Normal Tomás Godoy Cruz, Mendoza, Argentina. La propuesta realizada por el docente consistió en solicitarle a los estudiantes que redacten un texto argumentativo a partir el disparador “las decisiones acerca del canon literario que se da en las escuelas se relacionan con el concepto de justicia social”.

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